La política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, vigente desde hace más de seis décadas, ha generado costos económicos y sociales incalculables, y se ha recrudecido en los últimos años con medidas que afectan directamente sectores estratégicos como la energía.
Cuba atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia revolucionaria. La “llamada” crisis humanitaria que se vive en la isla no puede entenderse sin analizar la principal causa: el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.
Desde 1960, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower suspendió la cuota azucarera tras la nacionalización de empresas estadounidenses, comenzó la guerra económica contra Cuba. En 1962, John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447, estableciendo el bloqueo en su forma actual. Cuba lo denomina “bloqueo” y no “embargo”, como se intenta presentar internacionalmente.
Décadas posteriores estuvieron marcadas por tensiones, acciones terroristas y la invasión de Playa Girón.
En 1992 se aprobó la Ley Torricelli y en 1996 la Ley Helms-Burton, que codificaron y endurecieron las sanciones con carácter extraterritorial, permitiendo sancionar a terceros países que comerciaran con la isla.
Durante la presidencia de Donald Trump, entre 2017 y 2021, se aplicaron más de 240 medidas adicionales, incluyendo restricciones de viajes y remesas, así como una persecución sistemática a las transacciones de combustibles. Bajo la administración de Joe Biden la política de máxima presión se mantuvo, con amenazas a navieras y bancos que intentaran negociar con Cuba.
En enero de 2026 se firmó la Orden Ejecutiva 14380, que autorizó aranceles adicionales a importaciones de países que suministraran petróleo a Cuba. Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales algunos procederes, los mecanismos de supervisión y presión sobre proveedores de crudo se mantienen, evidenciando el objetivo de estrangular la economía cubana.
Los costos acumulados de esta política son enormes: Cuba no puede usar el dólar en transacciones internacionales ni acceder a créditos globales, las pérdidas superan los 150 mil millones de dólares en seis décadas, y se limita el acceso a tecnologías de punta y medicamentos de primera generación, incluidos tratamientos pediátricos contra el cáncer. La persecución a las importaciones de petróleo ha provocado apagones y afectado la producción industrial y el transporte, mientras que las restricciones de remesas y viajes familiares han golpeado los ingresos y vínculos migratorios.
Conocedores de nuestras deficiencias internas, el bloqueo estadounidense contra Cuba ha sido un instrumento de presión política y económica con efectos devastadores en la vida cotidiana. La orden ejecutiva de Trump sobre combustibles inauguró una nueva fase de endurecimiento, golpeando directamente la capacidad energética del país.
El bloqueo no es solo un expediente histórico: es una política vigente que condiciona cada esfera de la vida nacional. Sus costos acumulados revelan un entramado de sanciones que buscan doblegar la soberanía de un país pequeño frente a una potencia global.
Más allá de las cifras, plantea un dilema ético y político: ¿puede justificarse una política que priva a millones de personas de recursos esenciales en nombre de objetivos estratégicos? La respuesta no está en los despachos diplomáticos, sino en la reflexión colectiva sobre el derecho de los pueblos a decidir su destino.
Cuba no es un estado fallido, es un estado bloqueado. Esa es la verdad.
