Acusador sin moral.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre los violentos disturbios ocurridos en Cuba en el mes de julio del 2021 que trataron de violentar la paz de la nación intentando, ahora, de descalificar los juicios desarrollados a los principales participantes en estos hechos.

Distintas campañas se han lanzado, principalmente en redes sociales donde Estados Unidos ha sido el principal promotor, teniendo a la embajada de ese país en la isla como un baluarte en la misma, pero… ¿tiene Estados Unidos moral para hablar de respeto a los derechos humanos cuando de sanciones y prisiones se trata?

Veamos algunos datos, a fecha de mayo 2020 Estados Unidos fue el país que registró la mayor tasa de población reclusa al presentar 665 encarcelados por cada 100 mil habitantes, además presenta la mayor población carcelaria del planeta con cerca de 2 millones de reclusos, teniendo más presos que todos los países de América Latina y el Caribe juntos.

Como característica del sistema penitenciario estadounidense éste prioriza la exclusión permanente y no la reinserción de las personas a la sociedad de aquellos que han cometido hechos violentos, siendo esta característica violatoria de todos los derechos básicos de las personas de tener la posibilidad de reinsertarse, esta es la causa fundamental del uso excesivo de la cadena perpetua con más de 200 mil personas con esa condena.

Otra dolorosa característica del sistema de justicia estadounidense es el uso de la pena de muerte, la que se mantiene activa y en pleno uso, solamente en lo que va del año 2022 se han ejecutado 3 sentencias de muerte, de ellas a dos negros, dos tenían solo 18 años cuando fueron sancionados, permaneciendo en el corredor de la muerte por largo tiempo, lo que indudablemente es una tortura psicológica de enormes repercusiones. No obstante desde que se reinstauró la pena de muerte en ese país en 1976, 22 sancionados han sido ejecutados por delitos cometidos cuando eran menores de edad y de ellos, uno tenía 16 años cuando cometió el delito.

Por lo general, en la mayoría de los estados, está establecido que los menores de 6 años no son capaces de desarrollar la actitud mental para cometer ciertos delitos, pero se considera que entre los 6 y los 16 años son capaces de tener la intención criminal necesaria para ser acusados de hechos violentos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) indicó que 200 mil menores de 18 años son juzgados como adultos en Estados Unidos, lo cual demuestra lo sensible de este tema en la sociedad norteamericana.

El 6 de enero de 2021, ese enorme país se vio estremecido por un violento asalto al Congreso de la nación motivado por el llamado del ex presidente Donald Trump y las turbias acusaciones sobre los resultados de las elecciones, de ese evento se han acusado a 700 personas y hasta la fecha se han juzgado solo a 71, el resto se mantiene en prisión preventiva en un limbo jurídico. 

Con estos datos hemos querido explicar la falsa moral del gobierno de los Estados Unidos y sus acólitos que se suman en manada en busca del reconocimiento del amo que les paga. Cuba es un país de derecho, responsable de la seguridad y tranquilidad del pueblo, por eso jamás permitirá que esa tranquilidad se vulnere.

Hay un proverbio que dice: “si tienes el techo de cristal no le tires piedras al techo del vecino” y en este caso viene muy bien.

Regresaremos sobre el tema y expondremos los hechos sucedidos en Cuba y el tratamiento jurídico penal que se ha llevado a cabo.

La población penal de Estados Unidos es de las más elevadas del mundo.

200 mil menores son juzgados como adultos en Estados Unidos.

 

La pena de muerte está vigente en Estados Unidos.

 

 

Cuba, Presidentes y Neocolonia. (7)

 

En la última entrega habíamos quedado en la huida del tirano Gerardo Machado en 1933, ocupando el cargo de presidente Alberto Herrera Franchi que fue el único miembro del gabinete que no renunció por lo que sobre él recayó la presidencia y la responsabilidad de entregar el poder a Carlos Manuel de Céspedes. La presidencia de Herrera Franchi solo duró unas horas, entre el 12 y 13 de agosto de 1933.

Carlos Manuel de Céspedes asciende a la presidencia de la República el 13 de agosto de 1933, se designó presidente de un gobierno de “Concentración Nacional” con la participación de las agrupaciones políticas que habían aceptado la mediación del embajador estadounidense. Este gobierno se inicia en medio de una gran efervescencia revolucionaria, sufriendo las consecuencias del régimen de caos y confusión que vivía la nación por lo que organizaciones opositoras lo catalogaron como una continuidad del gobierno de Gerardo Machado.

A partir de rumores de una sensible reducción de los efectivos militares y rebaja de los salarios ocurre la sublevación de los sargentos, quienes ocuparon Columbia y dieron un golpe militar, entregando la presidencia de la República sin oponer resistencia.

El 5 de septiembre de 1933 asume la dirección del país una Comisión Ejecutiva de cinco miembros, decidiéndose que cada uno de ellos atendería varias ramas de la administración, aunque debían actuar en común acuerdo en todas las decisiones fundamentales. Esta Comisión Ejecutiva o pentarquía no fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos y se tomaron un grupo de medidas para su aislamiento diplomático internacional, se le negó el nuevo tratado de reciprocidad comercial, se aprobó el embargo de armas por lo que era inminente una intervención de los Estados Unidos a Cuba. En poco tiempo el número de buques de guerra que rodearon la isla ascendió a 29 unidades.

El gobierno colegiado se enfrentaba a una gravísima crisis económica y política, además presentaba fuertes rupturas internas que hacía imposible que sus miembros lograran consenso en relevantes asuntos, lo que unido a la presión estadounidense y del ejército originó la renuncia de varios integrantes del gobierno hasta que el 10 de septiembre de 1933 la junta militar de Columbia decidió disolver la pentarquía y nombrar como presidente de la República de forma provisional a Ramón Grau San Martín que se desempeñaba dentro de la comisión.

El 10 de septiembre de 1933 jura a su cargo ante el pueblo ya que se negó a jurar ante el Tribunal Supremo y ante la constitución de 1901 alegando que la misma contenía la Enmienda Platt. Los Estados Unidos no reconocieron al nuevo gobierno y unos pocos países del área fueron los que establecieron relaciones diplomáticas.

Los partidos burgueses tradicionales y la antigua oficialidad del ejército tampoco reconocieron al gobierno de los cien días por lo que se aliaron y lo atacaron. El embajador de Estados Unidos se dio cuenta que era imposible derrocar el gobierno de Grau con el empuje de los políticos tradicionales por lo que buscó alianza con el nuevo poder militar que encabezaba el Coronel Fulgencio Batista, quien a partir de hábiles maniobras presionó a Grau, logrando que presentara su renuncia el 15 de enero de 1934.

Pero aquí no concluye la seguidilla de presidentes que ocuparon el cargo entre los años 1933 y 1934. El gobierno de los Estados Unidos manipuló a sus anchas a militares y partidos tradicionales para mantener sumida a Cuba en una profunda crisis política  y de esa manera mantener su influencia en el país.

La próxima semana continuaremos describiendo esta época perdida en la historia de Cuba.

Carlos Manuel de Céspedes, derrocado por un golpe militar.

 

Ramón Grau San Martín, presidente del gobierno de los cien días.

 

 

Política Migratoria, arma de presión contra Cuba.

 

Los procesos migratorios se refieren a la migración de los seres humanos, ya sea forzada o voluntaria, consistente en el cambio permanente o temporal de la ciudad, región o país de residencia. Los seres humanos han migrado desde los mismos orígenes de la humanidad y han sucedido en todos los continentes y rincones del planeta.

Los procesos migratorios han estado relacionados con distintos fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas, religiosas o la reunificación familiar.

Para Cuba el fenómeno migratorio tiene varias aristas y un tratamiento sesgado y muchas veces apartado de la realidad sin tener en cuenta que la migración cubana es básicamente económica y por la reunificación familiar.  Un alto por cierto de los migrantes cubanos busca instalarse en los Estados Unidos utilizando esta situación para imponer a Cuba todo tipo de epítetos y presión a nivel internacional, por lo que a lo largo de los años se han originado distintas crisis migratorias entre Cuba y los Estados Unidos.

En 1965 el gobierno cubano autoriza a los emigrados a recoger a sus familiares en la isla por lo que se habilita el pequeño puerto de Camarioca en la provincia de Matanzas por donde emigran cerca de 2 700 personas. Estos hechos llevan a que se realice el primer encuentro entre ambas partes para tratar el tema migratorio el cual propició la implementación del puente aéreo por el que emigraron 268 mil personas.

A partir de la promulgación de la ley migratoria de los Estados Unidos en 1965 que buscaba impedir el flujo de inmigrantes de otros países, se hace necesario legalizar el tratamiento a los emigrados cubanos por lo que surge la Ley de Ajuste Cubano la cual se pone en vigencia a partir del 2 de noviembre de 1966. Esta ley tenía el propósito de legalizar la situación de más de medio millón de cubanos que se encontraban en condiciones sumamente anormales debido a las tensas relaciones entre ambos gobiernos. También debía servir para disminuir los gastos del Programa de Refugiados Cubanos y además trataba de resolver el conflicto que se creaba con el tratamiento diferenciado a éstos.

A partir de 1974 se intensifica la política de incentivar las salidas ilegales del país, el secuestro de naves, aeronaves y pescadores para que desertaran lo cual se desarrolló hasta 1980 y se convirtieron en hechos desencadenantes de la Crisis del Mariel, puerto por donde salieron los cubanos que tenían intensiones de emigrar y sus familiares o amigos venían a buscarlos en diferentes embarcaciones, siendo esta la segunda crisis migratoria originada entre los dos países.

En 1990 al producirse la caída del campo socialista y el desmembramiento de la Unión Soviética la economía cubana se vio ahogada al perder sus principales socios comerciales entrando en una profunda recesión económica que el Comandante en Jefe Fidel Castro decidió llamar el periodo especial. A partir de ese año las salidas ilegales del país se incrementaron llegando Estados Unidos a recibir a más de 12 mil inmigrantes ilegales, mientras que solo aceptaba unas 3 mil visas de entrada legal. La tensa situación económica que vivía el país así como la presión ejercida por el gobierno estadounidense originaron en la isla hechos violentos de intentos y secuestros de naves y aeronaves que trajeron consigo la muerte de jóvenes combatientes del Ministerio del Interior.  Los disturbios de La Habana en agosto de 1994 se originaron a partir de llamados de las emisoras subversivas de la Florida que incitaban al pueblo a reunirse en el malecón para ser recogidos por embarcaciones procedentes de Miami que nunca llegaron.

Toda esta presión ejercida sobre la isla provoca que el 12 de agosto de 1994 el gobierno cubano decide eliminar las restricciones a las salidas ilegales y desafía al gobierno de Bill Clinton a que reciba a todos los cubanos que lleguen a su territorio. La magnitud de la crisis fue tal que la comunidad cubana residente en Miami lanzó distintos comunicados donde explicaba lo peligroso de realizar esa travesía por mar, debido a las precarias embarcaciones que se utilizaban. A los pocos días de comenzar esta crisis el gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de interceptar en alta mar a todos los balseros que intentaran llegar a la Florida y los internarían en la base naval de Guantánamo. Por primera vez en 35 años es que se decide romper la excepcionalidad con los migrantes cubanos. Una vez más ambos gobiernos comienzan una negociación y acuerdan que los Estados Unidos entregarían unas 20 mil visas anuales y otras facilidades, mientras el gobierno cubano se comprometía a controlar el flujo migratorio ilegal.

Sin embargo, el continuo incumplimiento en la entrega de las visas, la empecinada aplicación de la Ley de Ajuste Cubano así como la constante incitación a la emigración ilegal y admitir en territorio norteamericano a todos los balseros, es la base del problema migratorio existente entre los dos países, originando un negocio en la trata de personas y el traslado de migrantes hacia los Estados Unidos procedentes de Cuba.

En la actualidad la embajada de los Estados Unidos en La Habana continúa cerrada sin ofrecer servicios a los cubanos que deseen viajar a ese país por lo que se ven en la obligación de salir a un tercer país para realizar sus trámites legales sin seguridad que sean aprobados o de lo contrario comenzar un camino lleno de obstáculos y peligros a través de varios países centroamericanos.

Resulta cínico que esta misma embajada se dedique en redes sociales a pedir a los cubanos una migración segura y confiable cuando son ellos los que no otorgan visas y reciben con todo bombo a cualquier cubano que llegue de forma ilegal, solo para continuar con los ataques a la isla.

Seguir utilizando el problema migratorio como un arma de presión contra Cuba para lograr el ansiado cambio de régimen es más que irresponsable debido a los cientos de muertos que ha causado y las valiosas vidas que pudieran perderse en un futuro. Lograr relaciones de respeto  e igualdad entre las dos naciones sería lo más sensato y conveniente para ambos pueblos en el afán de lograr una migración justa, ordenada y segura.

Fidel Castro cuando los disturbios de agosto de 1994.

La Ley de Ajuste Cubano incita a las salidas ilegales del país en precarias embarcaciones.