Cuba meses después del 11 de julio.

 

Los hechos violentos ocurridos en Cuba el 11 de julio del pasado año fueron orientados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos en su afán de doblegar a Cuba y que ésta se plegue a sus intereses. Para desarrollar estas acciones se aplicaron las normas del manual de guerra no convencional o golpe blando, desarrollando una brutal guerra mediática donde las redes sociales jugaron un papel primordial.

El momento en que se decide poner en marcha esa operación, ocurría en Cuba un pico pandémico de la COVID19 con el incremento diario de casos positivos y fallecidos, una crisis económica que afectaba a todos los renglones del país y un sistema energético en emergencia, sucediendo apagones que en muchos casos sobrepasaban las 6 horas. Una vez derrotada la intentona golpista comienzan las investigaciones y se detienen un número de personas en todo el país que son presentados a los tribunales de justicia en el transcurso de los meses sucesivos.

A partir de ese momento se retoma la campaña internacional de descrédito y calumnias con el fin de intervenir en los procesos judiciales alegando que esas personas hacían uso del “libre derecho a la protesta” lo cual se ha demostrado no es cierto, pero donde más han intentado hacer énfasis es en las sentencias de los participantes en los hechos de la Guinera y la esquina de Toyo, los cuales fueron condenados entre otros delitos por sedición.

A partir de los materiales presentados en la vista oral fueron sancionadas 128 personas, un acusado fue absuelto y otro sancionado a pena no privativa de libertad, estando en correspondencia con los daños ocasionados, el nivel de participación y la repercusión de los hechos. Entre las  acciones violentas  estuvieron el lanzamiento de piedras y botellas contra funcionarios y agentes del orden interior, destrucción de autos patrulleros, lesiones a personas, daños materiales, lanzamiento  de cócteles molotov entre otros, hechos que en cualquier país del mundo hubieran sido catalogados como acciones terroristas.

Otro aspecto del cual se hacen eco es la supuesta encarcelación de menores de edad que hayan participado en estos hechos, el código penal vigente establece en su artículo 16.2 que la edad para exigir responsabilidad penal es de 16 años cumplidos al momento de cometer el delito, por lo cual no hay sancionados menores de edad. A los acusados que las edades rondan entre los 16 y 20 años se aplicó lo que está establecido en las leyes cubanas las que incluyen una reducción de las penas mínimas y máximas. En todos los juicios los acusados pudieron contar con la presencia de un abogado defensor que tuvo acceso a todas las pruebas presentadas, además de tener el derecho de presentar su recurso de apelación, de estas cuestiones, la “gran prensa” no habla.

Las marchas de ese día fueron convocadas bajo el supuesto pretexto de reclamar mejores condiciones de vida, lo cual provocó que personas honestas y confundidas se presentaran a reclamar sus derechos pero una vez que vieron lo violenta que se convirtieron desistieron de sus intenciones y se retiraron, a esas personas jamás se les ha molestado, tampoco hablan de eso.

El delito de sedición lo recogen las demás legislaciones del mundo, que tiene como condición que varias personas se hayan consensuado de forma previa o durante los hechos en curso para actuar de forma violenta contra personas o bienes, con el fin de subvertir social o políticamente el orden estatal. En el caso de Cuba se configura también ante sucesos que atentan contra el orden interior o la seguridad del estado, lo cual en los casos del 11 de julio de los barrios de La Habana se configura plenamente.

Lo señalamos en un artículo anterior, Cuba es un estado de derecho, tiene sus leyes y hay que cumplirlas. No se pueden reclamar supuestos derechos violentando los deberes como ciudadano en una sociedad de ley. Durante esos hechos en Cuba no se dispararon bombas lacrimógenas, no se sacaron carros lanza agua para reprimir al pueblo y mucho menos se tiraron balas de goma.

Buscar interferir en los procesos judiciales es intentar  sentar a Cuba en el banquillo de los acusados a nivel internacional por hechos que pueden ser habituales en cualquier país del mundo, pero no en Cuba. No hay dudas, fueron hechos violentos que intentarán de cualquier manera volver a repetirlos, pero para eso hay un antídoto que ya ha demostrado su efectividad, la unidad del pueblo cubano.

 

Personas civiles lesionadas por la agresividad de las protestas.

 

Mucha violencia en los hechos vandálicos.

 

¿Cómo serían catalogados estos hechos en cualquier país del mundo?

 

Ante la agresividad del enemigo, el antídoto perfecto, la unidad del pueblo cubano.